26-10-2026
El antiguo hermano mayor de La Soledad, Miguel
Hernández, repetía de forma cíclica, cuando hacía balance de la Semana Santa la
tarde del Domingo de Resurrección, la misma idea: lo que luciría la Plaza Mayor
con unas sillas y gradas para ver pasar las procesiones de la tarde del Viernes
Santo. La otra: que se unificara el
Santo Entierro. Me
voy a detener en la primera.
Salamanca estrenó en el pasado Encuentro
Nacional de Cofradías una novedad que, a primera vista, parecía menor: sillas
para que los participantes en el evento pudiesen ver de forma privilegiada el
paso de las cofradías participantes en la procesión de «Vía Áurea». Este
elemento puede verse como una mejora de la comodidad, una medida de
accesibilidad o una forma de ordenar el espacio. Sin embargo, también nos puede
llevarnos a hacernos una pregunta incómoda, ahora que ya no hablamos del deseo
de Miguel, sino de un hecho consumado: ¿Estamos ante una silla democrática en
el futuro? Ahora que estamos en precampaña el término se mamporrea con
facilidad,
por lo que traigámoslo aquí también. La silla reservada para el participante es
un instrumento de servicio, incluso de organización, la silla que se guarda
para el espectador que puede pagar, invitar o tener influencia sería muy
distinto. Entre una y otra media una frontera que Salamanca debería saber
defender antes de que alguien intente cruzarla.
La diferencia es enorme. Una silla puede ser un
servicio público que permita a una persona mayor, o con problemas de
movilidad, o
una familia con niños,
ver la Semana Santa en directo y con dignidad. Una buena prueba de ello es la
iniciativa de la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños de acercar a mayores de
las residencias a que vean la salida de La Borriquilla; o en el Rosario
reservar una parte de la salida para los hermanos que no pueden participar en
la procesión.
O puede convertirse también en una localidad
reservada, un producto con precio, un abono que se renueva cada año y, en los
casos más demandados, un producto de reventa. En Sevilla, donde la carrera
oficial lleva años funcionando así, una silla puede costar 90 euros, un palco
superar los 1.000 euros y un balcón llegar a alquilarse por 9.000.
No se trata de demonizar la silla. Al contrario,
bien gestionada, puede ser una herramienta de igualdad. En una ciudad con
calles estrechas, grandes aglomeraciones y un público cada vez más diverso,
garantizar asientos accesibles puede significar que más personas puedan
disfrutar de las procesiones. El problema no es sentarse; sino quién, con qué
criterios y si tiene un precio.
No será una respuesta sencilla y parece que por
el momento la idea no va a tener continuidad al menos este mandato. Pero su uso
por primera vez ya ha generado debate. La Semana Santa no es solo un
acontecimiento religioso, es también un hecho cívico. Cuando un rito comienza a
organizarse según la capacidad de pago, no solo cambia la forma de
contemplarlo; cambia su sentido.
La democratización de la silla debería ser justo
lo contrario de lo que significa en Sevilla: no reservar la mejor Semana Santa
para unos pocos; sino garantizar que todos puedan vivirla. Que la silla si
alguna vez se instaura sirva de puente y no de frontera. Que la silla no sea el
principio de una Semana Santa con entradas.
Las sillas en el entorno de nuestra Plaza Mayor al paso de las procesiones no son ni estreno ni novedad, se colocaron (de forma más o menos organizada y regulada) durante años en los tiempos en que la celebración que hoy conocemos comenzaba a tener un cierto relumbrón folklórico/turístico.
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